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En el partido bonaerense de General Madariaga se clausuraron una planta aceitera y otra de alimentos balanceados por diferencias entre el stock de planta y los libros oficiales, falta de facturación de los subproductos, silos bolsa no declarados y carecer de habilitaciones del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) se incautaron más de 3300 toneladas de maíz, soja, trigo y girasol.
En Nogoyá, Entre Ríos, se procedió de igual forma con una planta de alimentos balanceados que no documentaba ningún movimiento de entrada y salida de mercadería en los libros oficiales y que comercializaba los productos alimenticios sin la debida habilitación. Se suspendió la titularidad de más de 1.350 toneladas de maíz, soja y sorgo.
En la localidad correntina de Goya se clausuró una planta procesadora de arroz por operar sin el correspondiente Registro Único de Operadores de la Cadena Agroindustrial (RUCA) y ninguna documentación comercial que respaldara su operatoria, se retuvieron casi 3.000 toneladas de arroz cáscara.
En San Miguel de Tucumán se clausuró un molino de trigo y fraccionador de legumbres, porque no cumplía con el Registro Sistémico de Movimientos de Granos y por esta causa no pudo establecer la trazabilidad de los movimientos de producción y se pusieron bajo interdicción 180 toneladas de granos y legumbres.
En Salta se retuvieron más de 8.400 toneladas de maíz y soja en un establecimiento de engorde de ganado bovino y avícola. Asimismo, se constató en los libros oficiales un faltante de cereal de más de 40.000 toneladas por lo que se intimó a regularizar la situación.
En la localidad de Santo Domingo, provincia de Jujuy se clausuró una planta procesadora y fraccionadora de granos y legumbres que operaba sin matrícula de RUCA y se puso bajo interdicción más de 110 toneladas de maíz, trigo, porotos y lentejas.
Los operativos realizados tienen la misión de mejorar los parámetros de trazabilidad que regulan la operatoria del sector industrial de los granos y las legumbres, como así también proteger a la población de productos alimenticios que no cuenten con las certificaciones de registración sanitaria necesarias y obligatorias.
