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Luego de un 2017 durante el cual el Congreso de la Nación mostró escaso interés por tratar temas vinculados al agro, la nueva conformación de la Cámara Baja abre expectativas dentro de la diligencia rural.
Además del tratamiento de leyes claves para el sector, las entidades rurales ponen el foco en la necesidad de abordar reformas estructurales, de acuerdo con una recorrida realizada por Agrovoz por los principales dirigentes rurales de la provincia.
Más inclusión
«Hay todavía deudas pendientes de la política con la sociedad. El campo no puede estar bien si hay 30 por ciento de pobreza y que no cubren las necesidades básicas. Como proveedores de alimentos no nos podemos irnos de ese foco, más allá de la falta de competitividad o de infraestructura que como sector podamos necesitar», observó Gabriel De Raedemaeker, presidente de Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona (Cartez).
A su juicio, el principal deber que tiene el poder político es solucionar el tema de la desigualdad. «A partir de ahí podemos hablar de una reforma impositiva», indicó.
El dirigente reclamó que el nuevo Congreso debería ser el puntapié inicial para dejar de ser “una guarida para darle refugio a gente que debería estar en otro lado, rindiendo cuentas a la Justicia. El campo ha generado mucha riqueza en los últimos años y sólo ha servido para enriquecer a unos pocos”, sostuvo De Raedemaeker.
Leyes puntuales
La necesidad de una nueva ley de semillas, cuyo debate parlamentario viene demorado, el acceso a otros formas de financiamiento y una nueva ley de arrendamientos figuran entre las prioridades que el sector le traza el nuevo Congreso.
«Desde la Federación Agraria Argentina vemos la necesidad de ayudar con más financiamiento a los pequeños y medianos productores, con leyes que le faciliten el acceso», indicó Leonardo Bonafe, presidente de la filial Córdoba de la Federación Agraria Argentina.
Desde la entidad federada también solicitan la intervención de los legisladores en normativas que permitan el acceso de los pequeños y medianos productores a las tierras fiscales que el Gobierno nacional pretende vender. «Que la operatoria no sea solo para los grandes productores, sino que también puedan participar los pequeños, que son los que viven en el interior», indicó Bonafe.
Si bien se valora el alivio fiscal realizado por el Gobierno nacional al sector, desde Coninagro admiten la necesidad de continuar avanzando en una reforma impositiva. «Todavía el sector tiene una alta presión tributaria que, junto con otros sectores de la producción, se podría morigerar a partir de una nueva legislación», destacó Alejandro Buttiero, presidente del consejo provincial de Coninagro.
Con su nueva conformación, y con un bloque de diputados más numeroso –pero sin llegar a tener quórum propio–, se descarta que el Gobierno intentará avanzar con su agenda legislativa en 2018, que incluiría una reforma laboral y otra tributaria.
Para el dirigente cooperativo, una nueva ley de lechería que permita a los productores tener previsibilidad del negocio en cuento a producción y precios de referencia, la actualización de la ley de arrendamientos y la sanción finalmente de la ley de semillas encabezan la agenda legislativa de corto plazo para el sector.
Para Alejandro Ferrero, director regional de la Sociedad Rural Argentina, el país tiene que aprovechar el actual momento para llevar a cabo reformas de importancia.
«Tenemos que hacer una reforma impositiva para aliviar la presión de impuestos no solo en el agro sino también en otras actividades. Como así también avanzar en una reforma laboral que permita reducir las cargas sociales y generar más fuentes de trabajo, que es lo que el país necesita», destacó el dirigente.
Poca actividad 2017
Durante 2017, sobre un total de 2.948 proyectos ingresados al Congreso, solo 208 tuvieron como temática a la producción agropecuaria y al cuidado del medio ambiente, según datos de la Fundación Barbechando, una OMG que nació en 2008 luego del conflicto entre el agro y el Gobierno. La acción legislativa en lo que va del año refleja una escasa participación, para un sector que en 2016 invirtió más de 58 mil millones de dólares.
