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Los nuevos valores tarifarios -dispuestos en la Resolución 131/21 de la Secretaría de Energía- elevan de manera significativa la participación de la energía eléctrica en el costo de los sectores productivos, según advirtieron referentes de economías regionales.
Un estudio realizado por Coninagro determinó que, en el caso de la vitivinicultura, por ejemplo, el costo de una botella de vino tinto se incrementaría entre un 18 y un 21% ya que la decisión de quitar subsidios afecta a muchas cooperativas del interior del país.
«Estamos seguros de que estas medidas tienen un impacto negativo en el desarrollo de nuestras economías regionales, con aumento de costos, en general en los índices de inflación», comentó a LPO Carlos Iannizzotto, presidente de Coninagro.
«Esto va en contra de la generación de empleo porque desalientan la producción quitando un marco de previsibilidad», indicó Iannizzotto. «Estos aumentos, sumado al de combustibles no son una buena noticia para el productor», agregó el dirigente.
Coninagro le planteó al Gobierno nacional la necesidad de revisar los aumentos de tarifas con el objetivo de estudiar en detalle el impacto en cada economía regional y aplicar, entonces, subas de forma progresiva de acuerdo a la realidad de cada sector.
«Es necesario recomponer las cuentas del Estado. Pero estas acciones deben ser consensuadas con el sector privado, en función de las particularidades de cada rubro de manera de elaborar un plan energético a mediano y largo plazo», explicó Iannizzotto.
El estudio de Coninagro estima que el aumento de la energía podría generar una suba de hasta un 41% en el costo de la elaboración del vino en los meses de temporada para aquellos establecimientos que igualan o superan los 300 KW de potencia.
El tema es que existen establecimientos vitivinícolas cuyo consumo de energía supera ese nivel dos o tres meses al año. Esto implica que serán considerados «grandes usuarios» y se verán impactados por esta medida en el momento de mayor consumo.
En la Argentina hay alrededor de 18.000 productores de vino, según el último Censo Agropecuario. El 95% de los 24.000 viñedos se ubican en las provincias de Mendoza y San Juan. En los primeros dos meses de 2021 se exportaron 49,3 millones de litros.
La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) determinó que el Estado recauda el 43,3% del precio final de una botella de vino tinto. El productor, en cambio, recibe apenas el 5,8%, la industria el 22%, el mayorista 17,6% y el minorista el 11,3%.
El impacto del gasoil
Un informe elaborado por el Departamento Económico de Confederaciones Rurales (CRA) indicó que, a partir del último aumento del 7% en el gasoil, el campo aportará un importe adicional de unos 9.000 millones de pesos sólo en concepto de impuestos.
Dicho incremento dispuesto por las petroleras representa, además, poco más de un millón de toneladas de la presente cosecha de maíz (prevista en 45 millones de toneladas), según el documento de la entidad que integra la Mesa de Enlace.
Lo concreto es que el aumento en el precio del gasoil, que se da en plena cosecha de soja y maíz, fue de $ 6,40 por litro representando gasto total del orden de los 19.200 millones de pesos por año adicionales para el sector agropecuario.
«La voracidad fiscal del Estado no parece tener límites. Esto es un escalón más de incremento a la cuasi confiscatoria presión tributaria que se ejerce sobre todos los sectores productivos argentinos. La situación es cada vez más inviable», alertó CRA.
«Las cadenas del ensamble productivo del país están entrando en esquemas defensivos para tratar de sobrevivir, y es que el bolsillo es siempre el mismo y ya no da para más. Se están desarmando los esquemas productivos de alto impacto», concluyó la entidad.
