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El fallo judicial del Superior Tribunal de Justicia provincial confirmó la inconstitucionalidad de un decreto del gobernador Gustavo Bordet que permitía fumigar a cien metros terrestres y a 500 aéreos de una escuela rural.
El fallo, apelado por el gobierno entrerriano, deja vigentes las distancias anteriores al decreto, de 1.000 metros terrestres y 3.000 aéreos, y prohíbe toda fumigación con agrotóxicos en horario escolar.
Etchevehere aseguró haber visto “preocupados a los representantes del campo, industria y comercio de Entre Ríos”.
“Ofrecimos nuestra ayuda para que se tomen decisiones con base científica”, dijo el funcionario nacional tras la reunión realizada en la sede de la Bolsa de Cereales entrerriana.
“HABER PROHIBIDO CULTIVAR EN UN TERCIO LA SUPERFICIE AGRÍCOLA PROVINCIAL CAUSARÁ UN GRAN DAÑO ECONÓMICO” QUE “REPERCUTIRÁ EN LA CAÍDA DE LA PRODUCCIÓN, EN LOS PUESTOS DE TRABAJO Y EL ARRAIGO RURAL”.
Por su parte, la Bolsa de Cereales provincial informó hoy que “los mayores perjudicados son los pequeños productores, propietarios y arrendatarios de pequeñas cantidad de hectáreas”.
Por eso lo calificaron como “un problema social” debido a que “pierden también los pequeños poblados del interior que viven de la actividad” agrícola.
Las entidades solicitaron “información científica y técnica, elaborada por los organismos del Estado Nacional” para “abordar soluciones a las restricciones” que establece el fallo.
En tanto, propusieron crear un nodo de la Red de Buenas Practicas Agrícolas (BPA) en esa provincia para “generar buenas prácticas para garantizar salud y producción”.
De la reunión participaron referentes de la Bolsa de Comercio y el Consejo Empresario provincial, la Sociedad Rural Argentina, de la Confederaciones Rurales Argentinas, y la Federación Agraria Argentina, y la Facultad de Ciencias Agropecuarias.
