Incongruencias, dudas y sospechas con el nuevo esquema de exportación de carne, según un exfuncionario

Marcelo Rossi, exdirector del Oncca, analizó la nueva normativa del Gobierno y advirtió sobre el doble estándar sanitario en el troceo

Nada es lo que parece. Luego de que el lunes pasado se publicara el nuevo esquema de exportaciones de carne vacuna que regirá hasta el 31 de diciembre de 2023, son varias las dudas e incongruencias que surgen de la normativa.

En diálogo con LA NACION, Marcelo Rossi, exdirector de la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (Oncca) durante más de 12 años, hizo un análisis pormenorizado de las últimas medidas que se conocieron y señaló que “todo esto es un verdadero engendro para escapar del berenjenal en el que se metió solo el Gobierno en abril pasado”.

Rossi recordó que en los últimos tiempos se habían recuperado más cinco millones de cabezas de las 12 que se habían perdido por aplicar este tipo de políticas. “Es difícil salir de esto sin pagar un costo político. Hacía falta poner a un ministro como Julián Domínguez que tiene mucha experiencia para generar diálogo con el sector agropecuario y salir de ese atolladero. Hay conformismo de las entidades para aceptar lo menos malo, sabiendo de que es un gobierno intervencionista; no sé si es lo mejor de lo que estaba impuesto el año pasado”, indicó.

Con respecto a las restricciones de los siete cortes populares, señaló que “no era necesario hacer toda esta pantomima porque el asado y el matambre, la Argentina nunca lo exportó”. Asimismo, remarcó que con el cepo que impuso el Gobierno nunca se logró el objetivo que era conseguir un precio estable de la carne para el consumo interno.

“La carne subió en noviembre y diciembre cerca de un 7% y 9% respectivamente y las causas por las que sube la carne son macroeconómicas, inflación, presión fiscal y no tiene que ver con los siete, cuatro o tres cortes que se prohibió exportar”, afirmó.

Expresó que las “palabras se las lleva el viento y son las resoluciones las que quedan escritas”. Por un lado, añadió, “no dejan sin efecto las declaraciones juradas, que vienen a reemplazar con otro nombre a los Roe’s que instauraron el año pasado para darle discrecionalidad a lo que era la Oncca, que es la responsable de aprobar dichas declaraciones juradas y decidir quien puede exportar”.

Por otro lado, sostuvo que en el Gobierno hablan de que no hay más cupos ni más limitaciones, pero que sin embargo en el artículo 14 de la resolución 301 “dice textualmente que los informes que produzca el Observatorio de Carne Vacuna, que va a monitorear la producción ganadera, serán considerados por la Dirección Nacional de Control Agropecuario, en ocasión de autorizar el volumen de exportación de carne vacuna”.

“Van a fijar un volumen de exportación y lo va a fijar esa repartición, a efecto de garantizar equilibrio entre la producción, las exportaciones y el mercado argentino. Es decir, que esa dirección nacional tendrá la facultad de ver qué volumen se va autorizar a exportar. Si eso no es limitación, tengo todo el derecho del mundo a dudar”, añadió.

Su visión acerca de la creación de un observatorio tampoco es positiva. “Es un engañapichanga para mantenerlos ocupados y hacerles creer que participan en políticas que ya las tienen decididas de ante mano. Quiero saber cómo se van a poner de acuerdo el Ipcva, con la Mesa de Ganados y carnes, con las entidades de productores, con la cámara de feedloteros y con las cinco cámaras de la industria frigorífica, sumadas a las 25 provincias. Es muy engorroso, es una manera de tirar la pelota al córner”, remarcó.

El troceo

Rossi no cuestiona en sí, la medida del troceo, la que “sin duda, sanitariamente es un paso adelante”, pero sí el marco en el cual se da. “Competencia desleal, en un país con una pobreza del 50%, con una inflación de más del 50%, en donde no hay inversiones, no se puede sacar del mercado a miles de trabajadores por el incumplimiento de la medida. Una vez más, será de imposible cumplimiento y no les quedará otro camino que recular”, vaticinó.

En este contexto, señaló que los plazos son discriminatorios, porque a unos se les da 180 días y a los mataderos provinciales 360 días: “Advertimos entonces que la iniciativa no será viable en tanto y en cuanto profundiza el doble estándar sanitario al fijar plazos diferentes de presentación, inversión y funcionamiento”.

Según el exdirector, de los 400 establecimientos de faena habilitados en el país, “es poco probable por no decir imposible que, salvo las 90 plantas mejor organizadas, que puedan llevar a cabo el cumplimiento de la norma”.

Por último, puntualizó que hay una gran confusión acerca de qué organismo debe fiscalizar y controlar lo que se exporta y cuál la del cumplimiento del troceo: “Senasa no está en condiciones de fiscalizar lo que se exporta, no está para eso y lo alejan de su función primordial que es sanitaria, cuando el Oncca, quien habilita los tipificadores, y la Aduana, tienen ese rol específico. En tanto, la medida del troceo, que es netamente sanitaria, la inscripción y las presentaciones de obras e inversiones la deben hacer en la Dirección de Control Comercial Agropecuario (exOncca), que nada entiende en la materia y debe velar por llevar a mínimas expresiones prácticas desleales de comercialización”.

En coicidencia, la Cámara Argentina de Matarifes y Abastecedores (Camya) si bien ratifica “el apoyo a la iniciativa que apunta a la modernización del consumo introduciendo mejoras sustanciales en las condiciones laborales de los trabajadores del sector y en las condiciones sanitarias de los productos”, advierte que “no será viable por cuanto introduce una profundización en el doble estándar sanitario al fijar plazos diferentes de adecuación a las plantas de tráfico federal en relación con las provinciales y municipales”.

“Adecuar las plantas requiere inversiones tanto en las plantas industriales como en la logística de distribución que impactan en los costos y requieren plazos de amortización razonables, que si son desiguales ponen en distintas condiciones de competencia a los actores del mercado”, dijeron.

“Lo dispuesto en la resolución de referencia facilita la competencia desleal en favor de las plantas provinciales y sus operadores comerciales, ya que inevitablemente el sistema ajustará para abajo y actores inescrupulosos del sector, seguramente minoritarios pero con fuerza suficiente para alterar el normal funcionamiento el mercado, buscarán sacar ventaja mediante la desinversión y la especulación sobre nuevos plazos y prórrogas, lo que podría llevar al fracaso de la medida y la afectación de la actividad y fuentes de trabajo de los sectores vinculados al circuito federal”, añadieron.

FUENTE: LA NACIÓN – CAMPO – por Mariana Reinke

José María García Casarrota

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