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El Senado de la Nación aprobó, y giró a Diputados, un proyecto que modifica la Ley de Warrants y propone el uso de esa herramienta para las operaciones sobre bienes o productos producidas en el país y en el extranjero.
El proyecto establece que «los emisores de certicados de depósito y/o warrants serán personas jurídicas, debiendo tener previsto en su objeto social el almacenamiento, guarda o conservación de bienes o productos y cumplir, para su funcionamiento, con los requisitos exigidos por esta ley y contar con la autorización expresa de la autoridad de aplicación que será el Ministerio de Agroindustria de la Nación».
El texto de ley establece también quiénes no podrán integrar una sociedad emisora de certicados de depósito y warrants, y legisla sobre las condiciones de los depósitos, bienes o productos en tránsito; los certicados, los requisitos de su endoso, la negociación de los certicados de depósito y warrants en mercados autorizados por la Comisión Nacional de Valores (CNV) y también el régimen de depósito y legisla sobre los casos de extravío, hurto, robo o inutilización de estos documentos.
