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La actual normativa establece los presupuestos mínimos de protección
ambiental en materia de incendios forestales y rurales en el ámbito del
territorio nacional y se aplica a las acciones y operaciones de
prevención, presupresión y combate de incendios forestales y rurales.
Por su parte, los artículos 22 y 22 bis establecen que el responsable del
daño ambiental que produzca un incendio tendrá la obligación de
recomponer y adoptar las medidas de reparación que, en cada caso,
resulten necesarias para la recuperación de las áreas incendiadas
vedando las modificaciones en el uso y destino que dichas superficies.
El actual proyecto de reforma girado en revisión a la Cámara alta,
asume la ineficacia de la justicia para encontrar a los responsables de
los incendios provocados y la incapacidad del Estado de tener un plan y
equipamiento eficiente de prevención, manejo y control del fuego.
Otro punto alarmante es que los diputados no han distinguido entre
incendios naturales, accidentales o provocados.
Es llamativo que los autores del proyecto en lugar de hacer cargo al
Estado de sus responsabilidades en esta cuestión, trasladen una especie
de castigo a quien ya ha sufrido una tragedia como lo es un incendio
involuntario en su propiedad, incluso llevando la sanción al nivel de
restringir el dominio por el termino de 30 a 60 años.
Esta inconsistencia pone en evidencia que la iniciativa en trámite denota
un nuevo intento de avance sobre la propiedad privada, esta vez, bajo
la cobertura de una supuesta protección ambiental.
Vedar la disposición del uso del suelo en terrenos quemados -mismo
siendo de forma accidental- constituye una verdadera confiscación
estatal sin precedentes. Nuestro país no necesita más inseguridad
jurídica que sólo sirve para espantar la inversión productiva.
Es evidente que quien comete o promueve un delito contra el medio
ambiente debe recibir su castigo a través de la justicia, y ese debe ser
el camino de auténtica protección social, tanto del medio ambiente
como de la producción agroalimentaria.
En momentos en que nuestro país brinda todas las posibilidades para
retomar un crecimiento estable, duradero y sostenible a largo plazo
desde la producción de alimentos, los legisladores continúan errando el
camino y castigando a los verdaderos promotores del empleo y el
desarrollo.
Desde CAIR, solicitamos con urgencia que las autoridades y los
senadores retomen la senda de la racionalidad y sensatez, elaborando
políticas superadoras y positivas, en aras de la recuperación, que
traigan paz y prosperidad de todos los argentinos.
En tal sentido, proponemos la conformación de una mesa multisectorial
integrada por expertos a los fines de readecuar el proyecto legislativo
inicial que ha pasado a manos de los senadores.
FUENTE: COMUNICADO de PRENSA de C.A.I.R. –
