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El apuro del Gobierno nacional por sancionar de manera definitiva la Ley de Semillas hizo que buena parte de los máximos referentes del agro que participaron de la elaboración del proyecto no fueran tenidos en cuenta a la hora de exponer sus posturas.
El malestar se evidencia en un relevamiento realizado por LPO después del dictamen que consiguió este martes la iniciativa del oficialismo en la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados con apoyo unánime de los legisladores de Cambiemos.
Los empresarios nucleados en la Asociación Semilleros Argentinos (ASA) -compuesta por más de 80 firmas que proveen el 90% de la semilla sembrada de soja, maíz, girasol y trigo- aún ahora se encuentran estudiando el proyecto «por falta de tiempo».
«Ya tenemos un grupo de técnicos analizando el dictamen porque, si se invalida la libertad de las empresas y los productores de celebrar contratos privados, desde ya estamos en contra», comentó un importante empresario del sector semillero.
Otra entidad que cuestionó el dictamen del proyecto de Ley de Semillas fue Federación Agraria (FAA): «No están dadas las condiciones porque aún falta espacio para el consenso», manifestó la Comisión de Semillas de FAA por medio de un comunicado.
«Esperamos contar con tiempos de debate adecuados y acuerdos en beneficio de los pequeños y medianos productores», indicó la entidad federada que preside el mendocino Carlos Achetoni que pone el acento sobre el uso propio gratuito de la semilla.
«Necesitamos más diálogo, fortalecer el Instituto de Semillas (INASE) como instrumento para promover la producción y comercialización de semillas y asegurarnos a los productores identidad, calidad y seguridad jurídica», agregó FAA.
Lo cierto es que lo único que está claro por estas horas es que, en términos políticos, los mayores interesados en sancionar la Ley de Semillas son el secretario de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere y su jefe de Gabinete, Santiago Del Solar.
Ambos funcionarios son conscientes que si el próximo miércoles 21 el proyecto no obtiene media sanción en Diputados, muy difícilmente logre aprobarse en el corto plazo porque no está en los planes del oficialismo convocar a sesiones extraordinarias.
Etchevehere sumaría un triunfo político en su gestión que le permitiría mostrarle resultados a Macri en función de que sus antecesores (Ricardo Buryaile, Carlos Casamiquela, Norberto Yauhar y Julián Domínguez) no lograron sancionar esta Ley.
Otro aspecto que causa preocupación es que el proyecto se concentra en los cultivos tradicionales en detrimento de las economías regionales. «Hay que evaluar la situación del sector con un enfoque integral», manifestó Eduardo Rodríguez, dirigente de CAME.
«Por eso es de suma importancia que en la composición del Consejo Directivo del INASE haya un equilibrio real de representación de todos los sectores involucrados y se deje de lado el status quo que ya lleva más de 15 años», explicó Rodríguez.
Pero pocos tienen en claro a quién beneficia económicamente el proyecto porque no hubo tiempo de estudiarlo con detenimiento. Quizá el único que dio un indicio en la sesión en la Comisión de Agricultura fue el diputado formoseño Luis Basterra.
«En el negocio de semillas hay una sola puerta de cobro que es ?Bolsatech’, que significa varios cientos de millones para Monsanto-Bayer y Syngenta que están capturando una renta», disparó Basterra, que adelantó su voto negativo.
Lo concreto es que en la empresa, según pudo saber este medio, no están conformes con el dictamen emitido por los diputados aunque tampoco, como el resto de los legisladores y dirigentes rurales, tuvieron tiempo suficiente para evaluar la letra chica.
El diputado Felipe Solá dijo que «quieren transformar el tema en el más importante de la agricultura en base a presiones. Estamos comprando un apuro ajeno». El socialista Luis Contigiani, en tanto, pidió «inteligencia política» para «no apurar los consensos».
En la misma línea se manifestaron los diputados del Frente para la Victoria (FpV), Axel Kicillof y Fernanda Vallejos: «El Estado argentino decidió dejar de cobrar un impuesto para dárselo a una multinacional extranjera», apuntaron.
Por el lado de los diputados de Cambiemos que defendieron el proyecto que obtuvo dictamen en la Comisión se cuentan Pablo Torello, Atilio Benedetti, Cornelia Schmidt Liermann, Facundo Suárez Lastra, Alejandro Echegaray y Karina Banfi.
