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La medida alcanza tanto las ventas como la aplicación de los fito sanitarios. Esta propuesta fue elevado por 15 diputados nacionales de cambiemos para realizar un seguimiento de los productos.
Un grupo de quince diputados oficialistas –entre los cuales se incluye el presidente de la Comisión de Agricultura Atilio Benedetti– presentaron un proyecto de “presupuestos mínimos de protección ambiental para la trazabilidad de agroquímicos”.
La iniciativa dispone que “las empresas registrantes que fabriquen, importen, distribuyan, comercialicen y/o transporten” agroquímicos deberán informar al Senasa “los volúmenes trimestrales de ventas, especificando clase toxicológica y desglosado por producto según su uso”. Vale recordar que actualmente no existe ningún registro oficial que permita realizar un seguimiento de la cantidad y características de los agroquímicos empleados a nivel nacional.
También se determina que los distribuidores de agroinsumos deberán “comunicar mensualmente, a través de un programa informático elaborado por el Senasa, todos los movimientos de compra y venta efectuados, en relación a los productos que respondan a las clases toxicológicas Ia y Ib (banda roja)”.
El registro deberá especificar, en lo que respecta al comprador del producto, su nombre o razón social, CUIT, domicilio real y legal y lugar en donde se aplicará el agroquímico. “En el caso de personas jurídicas, se deberá acreditar la designación de presidente, socio-gerente, representantes legales y/o apoderados, a fin de identificar el responsable de la adquisición del producto”, señala el texto del proyecto legislativo.
Además se indica que “las personas físicas o jurídicas que se dediquen a la prestación de servicios agropecuarios que impliquen la aplicación de agroquímicos, deben contar con un libro foliado de Registro de Aplicaciones. El mismo será sellado y firmado por el Senasa y estará siempre a disposición de los inspectores (de ese organismo)”. En dicho libro deberán constar los datos de las empresas en las cuales se aplicaron agroquímicos, además del tipo de producto utilizado y volumen.
La propuesta señala que “quedan autorizados para la venta sin receta todos los productos clasificados como clase toxicológica IV (banda verde), sean de uso agrícola y de línea jardín, y domisanitarios”, mientras que los de “banda azul, amarilla y roja sólo podrán ser comercializados bajo receta agronómica emitida por profesionales matriculados y habilitados por la autoridad provincial”.
La receta –que será instrumentada en formato digital– deberá contener datos de la empresa, dosis a emplear, volumen y carga de las mezclas, “información detallada acerca de las condiciones climáticas en que debe realizarse la aplicación, precauciones acerca de cultivos linderos o zonas habitadas y precauciones que deben tener los aplicadores y equipos de protección a utilizarse”.
Además de Benedetti, entre los diputados firmantes del proyecto se incluyen Federico Zamarbide, José Luis Riccardo, Luis Petri, Gabriel Frizza, Karina Molina, Stella Huczak, Alejandro Echegaray, Luis Pastori, Fabio Quetglas, Mario Arce, Brenda Austin, María Soledad Carrizo y Claudia Najul.
