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El interbloque Cambiemos se alzó con el dictamen de mayoría este martes para declarar la validez del DNU 756/18 que eliminó el Fondo Federal Solidario, creado en 2009 bajo la gestión kirchnerista y que tenía como fin la transferencia de recursos a las provincias y los municipios para el financiamiento de obras.
Con una asistencia perfecta, el oficialismo logró blindar el decreto al reunir ocho firmas, mientras que por la oposición suscribieron siete legisladores, pues solo faltó el diputado entrerriano Juan José Bahillo, del bloque Justicialista, quien está en Estados Unidos, adonde concurrió acompañando la comitiva oficial del gobernador entrerriano Gustavo Bordet.
El diputado Pablo Tonelli (PRO), defendió la medida derogatoria y sostuvo que “desde el punto de vista de la validez formal” y según la “doctrina del paralelismo de las formas y las competencias” si el FFS “fue creado por un DNU, es perfectamente válido y posible que mediante otro DNU sea modificado o directamente derogado”.
El legislador de Cambiemos consideró que las provincias “no ven disminuida la ayuda financiera que recibían de la Nación a través del Fondo, sino que en la práctica están recibiendo más recursos que antes”. “No hay afectación, no hay perjuicio, porque esos recursos se han visto notoriamente incrementados como consecuencia de las reformas impositivas”, insistió Tonelli.
En rechazo del decreto, el senador jujeño Guillermo Snopek (Justicialista) aseguró que la eliminación del FFS “deja de permitir el desarrollo en algunas regiones” y quita “la previsibilidad que han tenido tanto las provincias como los municipios”.
En tanto, el senador Daniel Lovera (PJ La Pampa) expresó que “impacta negativa y cruelmente en las economías regionales”. Y agregó que la decisión fue tomada por el Ejecutivo “de manera inconsulta, unilateral, pero sobre todo de manera dañina; con una mirada nuevamente centralista y unitaria del país”.
Otro oficialista que defendió la medida fue el radical Gustavo Menna, quien se refirió al decreto 206/09, por el cual se creó el Fondo Sojero, y remarcó que fue “una anomalía en lo que tiene que ver con el reparto de competencias tributarias que marca la Constitución Nacional. Los impuestos o tributos de fuente externa son de potestad del Congreso”.
Además, el diputado señaló que en la Ley de Coparticipación Federal están “excluidos los derechos de importación y exportación” para los fondos a distribuir entre las jurisdicciones, y el FFS se integraba con la suma que el Estado percibía en concepto de derechos de exportación de soja en todas sus variedades y derivados.
Al cruce de los argumentos esgrimidos por Tonelli sobre la validez del decreto, la kirchnerista Anabel Fernández Sagasti resaltó que un DNU “no solo tiene que tener legalidad sino también legitimidad”. “El Gobierno nacional está imponiendo el ajuste a las provincias y los municipios”, enfatizó la senadora.
Para la mendocina, el Gobierno está además “trasladando el costo político que significa el ajuste de la crisis económica a la que nos ha llevado el macrismo; no hay ninguna explicación que esa para borrar de un plumazo el Fondo Solidario”.
La legisladora detalló que en lo que resta de 2018 y durante todo 2019, las provincias perderán 51 mil millones de pesos por la eliminación del Fondo, y realizó una comparación con la “timba financiera”. Mencionó entonces que el pasado 15 de agosto, “para mantener el dólar a 30 pesos”, el Banco Central “rifó 1.600 millones de pesos”, es decir, “todo y más de lo que las provincias tendrían que recibir”.
