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Luego del “asueto operativo” decretado el viernes pasado, este lunes los trabajadores del ministerio se encontraron con la efectivización de los despidos anunciados la semana pasada.
Se confirmó que los despidos serán 330. Hasta la media mañana de este lunes, ya eran 60 personas que no habían podido entrar a sus puestos de trabajo y 30 que el viernes pasado recibieron telegramas.
Desde las 10 horas, en las puertas del Ministerio de Agroindustria, que conduce Luis Miguel Etchevehere, se congregaron alrededor de 250 delegados y trabajadores. Mientras llegaban más empleados que veían que no podían entrar a sus oficinas, se confirmaba que el número final de despedidos sería de 330. La reunión, conducida por la Junta Interna de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) definió, como medida de fuerza, volver a juntarse este miércoles.
El Enfiteuta habló en exclusiva con fuentes oficiales del Ministerio, que confirmaron que “se desafectaron 330 personas sobre un total de 3500, es decir, el 9% de la planta”. Y explicaron que “esto es parte del plan de adecuación que viene realizando el Ministerio en relación con las directivas de Modernización. Se comenzó con una una reducción del 35 por ciento de cargos políticos, pasando de 211 cargos a 138”.
La justificación de los funcionarios es que mientras que en 2008 había 606 empleados, en 2015 el número fue de 4200. ATE emitió un comunicado respondiendo a estas afirmaciones. “En 2008, el Ministerio era Secretaría. El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca se creó en 2010 e incorporó, por ejemplo, a todo el personal de la ex Oficina de Control Comercial Agropecuario (Oncca), que pasó a depender de la nueva estructura”. Esto demuestra que el salto en el número de empleados no responde a nuevos puestos de trabajo sino a unificación de áreas que anteriormente estaban separadas bajo la órbita de un mismo organismo.
Otro ejemplo similar al de la ex Oncca es el del Programa Social Agropecuario, que, según afirman, “empleaba a cientos de profesionales y fue incorporado a la estructura del Ministerio y todos sus trabajadores y trabajadoras hoy reportan en la Secretaría de Coordinación y Desarrollo Territorial”.
Agregan, además, que “ese número 606 oculta el hecho de que cientos de trabajadores y trabajadoras se encontraban, en ese entonces, tercerizados, con contratos ultra precarios. Esa situación se fue regularizando desde entonces, lo que implica una mejora en las condiciones de trabajo de muchas personas, pero no un aumento en la cantidad de trabajadores”.
El ministerio afirma que se trata de un “plan de ahorro y uso eficiente de los recursos del Estado, que incluye reducción de alquileres, autos, adecuación de edificios. Un plan de racionalización que en 2018 generará un ahorro de 219 millones de pesos”. El sindicato también respondió a esto, afirmando que las “personas de carne y hueso que viven de su salario y son sostén de familia” merecen más respeto que ser consideradas como parte de un ahorro.
Respecto a este monto que el Estado se ahorraría, El Enfiteuta consultó al Ministerio cómo impactará esto en las políticas públicas. La respuesta del organismo fue que “se tomó la decisión de modo tal que todas las áreas sigan funcionando de manera eficiente y que no se vea impactado su desempeño”.
Por último, consultamos para qué se usarían esos 219 millones, a lo que respondieron que “no se trata de una redistribución de fondos; es un ahorro; es plata que no se va a gastar”.
Este portal además habló con los trabajadores y delegados sindicales. “En este momento están en las puertas del Ministerio de Agroindustria, en donde trabajo, con las listas de quién entra y quién no. Ya tengo compañeros despedidos. Mi horario es a partir de las 14, veremos qué sucede”, afirmó Hernán, trabajador del organismo.
Otro trabajador, que pidió preservar su nombre, agregó durante la mañana del lunes: “Están con listas despidiendo gente, no dejando entrar a los trabajadores. Hay más de 300 despidos de gente que no puede ingresar a sus puestos de trabajo”.
Hablamos también con Jorge Árvez, trabajador del ministerio y miembro del Consejo Directivo de Ate Capital, quien contó que “el objetivo es conseguir una mesa de negociación para tener un listado oficial de despedidos y tratar la reincorporación, lo que ya está acordado”.
Respecto de los pasos a seguir, añadió: “Nos sentaremos a negociar a ver qué pasa. Mientras tanto, mantenemos la vigilia y veremos si tenemos que incrementar o no las medidas gremiales. Nuestro objetivo es la reincorporación de todos los despedidos”.
¿Y las políticas públicas?
Este portal viene informando desde hace dos años el constante desfinanciamiento, eliminación y vaciamiento de áreas y de programas destinados a la agricultura familiar, campesina e indígena, a los pequeños productores y también visibilizando las demandas de las asociaciones de productores de las economías regionales que se están viendo afectadas por la apertura de importaciones.
Está claro que con menos producción local de alimentos, se necesita menos personal técnico para asistir a esos agricultores y que, con más concentración de la producción en la exportación de materias primas, las economías regionales cada vez están más desprotegidas por un Estado que está cada vez más ausente.
En ese sentido, los despidos en la administración pública son totalmente coherentes con las políticas de Estado de fomentar la importación de alimentos, desalentar la producción en pequeña escala y promover la concentración del sector agropecuario en unos pocos grupos que no agregan valor a sus productos antes de exportarlos.
Las consecuencias a corto y mediano plazo de esto son conocidas: menos producción local, menos trabajo para argentinos y argentinas, menos derechos y protección para los sectores más postergados, concentración de la producción y alimentos cada vez más caros para toda la población.
