Declaraciones del ex presidente de Coninagro.
Los primeros integrantes de la Mesa de Enlace Agropecuaria emitieron su opinión con respecto a los proyectos de reforma de la actual de Ley de Semillas (Nº 20.247/73) que comenzarán a ser debatidos esta tarde en la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados.
Por medio de un comunicado –que difundieron a través del diario La Nación– los ex presidentes de las entidades que conformaron la Comisión de Enlace durante el conflicto agropecuario (2008), Luciano Miguens y Hugo Luis Biolcati por SRA, Eduardo Buzzi por Federación Agraria, Mario Llambías por CRA y Carlos Garetto por Coninagro, indicaron que “el germoplasma y todos los eventos que se le agregan se pagarán íntegramente en la semilla” y que ese debe ser “el único concepto por el cual se compensara la investigación, el desarrollo y la propiedad intelectual de la semillas y sus componentes”.
También plantearon que los cambios por introducir en la reforma de la Ley de Semillas debe ser declarados de orden público porque “el Estado es el único certificador de nuestros granos y subproductos, tanto en el orden interno como en el externo”.
“Creemos que es el Inase el que debe fiscalizar el mercado de semillas y no que ese aspecto quede librado a acuerdos entre partes del sector privado”, expresó hoy a Valorsoja.com Carlos Garetto.
“Somos productores agropecuarios que cumplimos responsabilidades institucionales; no representamos actualmente a nadie, pero creemos que nuestra experiencia es válida para sumar un aporte sobre el tema”, añadió.
Remates Feria
El “orden público” –contemplado en el primer proyecto del gobierno macrista y las iniciativas presentadas por CRA y los multiplicadores de semilla– implica que las regalías por todo concepto de propiedad intelectual (germoplasma + eventos biotecnológicos) deben cobrarse solamente al momento de adquirir la semilla. Es decir: no pueden percibirse en ninguna otra circunstancia.
Si no se incorpora el “orden publico” en la reforma, se habilita la posibilidad de que las empresas semilleras y propietarias de patentes biotecnológicas realicen acuerdos privados con los productores para cobrar un canon por el uso de la propiedad intelectual.
