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Finalmente, el Gobierno dio marcha atrás con el decreto sobre la Ley de Semillas


A última hora el Gobierno dio marcha atrás con el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para la Ley de Semillas, que está vigente desde 1973. El rumor que el Gobierno iba a sacar la Ley de Semillas vía decreto cobró fuerza este martes cuando fueron citados por el Gobierno las cuatro cadena de los cultivos,…


A última hora el Gobierno dio marcha atrás con el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para la Ley de Semillas, que está vigente desde 1973.

El rumor que el Gobierno iba a sacar la Ley de Semillas vía decreto cobró fuerza este martes cuando fueron citados por el Gobierno las cuatro cadena de los cultivos, la Mesa de Enlace y la Asociación de Semilleros Argentinos para este jueves.

Pero según confirmaron a Clarín fuentes de la producción, el decreto se dio de baja porque las gremiales del campo y los semilleros consideraron que no era el momento ni la manera.

En los últimos años, y sobre todo bajo la gestión de Mauricio Macri, fueron varios los intentos en el Congreso Nacional por modificar la actual ley de semillas, un paso que nunca se pudo concretar.

A la fecha existe un dictamen de la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados que conserva estado parlamentario hasta fin de 2019, pero para dar tratamiento en el recinto faltan aún votos de la oposición.

Entre los puntos más importantes que incluye el nuevo marco regulatorio que dio dictamen en el Congreso, está la protección del derecho del obtentor; pago único de todos los derechos de propiedad intelectual en la semilla; uso propio gratuito de las semillas para pequeños productores y el precio de regalías fijadas durante cinco campañas. 

Esta actualización de la norma vigente es requerida por toda la industria semillera. Es que en soja, sólo el 20% de las semillas de las 17 millones de hectáreas se paga comprando las bolsas o pagando regalías extendidas (cuando el productor se queda con semillas para luego sembrarlas). El resto, es bolsa blanca o mercado ilegal.

Para comparar, la legalidad en soja en Brasil llega al 70% y en Uruguay, al 80%.

Ante este contexto, varias empresas de biotecnología anunciaron que no van a lanzar nuevas tecnologías hasta que no haya un marco regulatorio que proteja la propiedad intelectual.

Una de ellas es la norteamericana Corteva, que lanzó la biotecnología Enlist en soja en los países de Brasil, Estados Unidos y Canadá, pero no en la Argentina.

Fuente: clarin

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