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La semana pasada se publicó la ley fiscal de la Ciudad de Buenos Aires para 2018, con marcados aumentos en las alícuotas para los negocios minoristas de alimentos, incluidas las carnes.
La tasa, que durante muchos años fue 2% pasó al 3% para las empresas con facturación de entre $ 500 mil y $ 10 millones por año y al 3,5% para los que facturan más. Muchas carnicerías, aún de barrio, están en la categoría mayor. Además, para esta última las alícuotas subirán al 4% en 2019, al 4,5% en 2020 y al 5% en 2021.
La medida causó sorpresa porque en la publicación que se hizo de la ley en diciembre pasado, se afirmaba que no se iba a aumentar el impuesto para minoristas de alimentos, seguramente para evitar su inevitable impacto en los precios.
Lo más curioso, es que en los considerandos la norma plantea que se alinea en los objetivos de reducción tributaria que persigue el gobierno nacional.
La ley establece también una baja de 2 a 1,5% para quienes facturen menos de $ 495 mil por año, una categoría inexistente ya que significaría una facturación de menos de $41.000 por mes. Un comerciante muy eficiente, que pueda lograr un margen neto de 10%, se quedaría con una ganancia de $4 mil por mes. ¿Quién se registraría como comerciante, alquilaría un local, pagaría sueldos e impuestos para quedarse con $4 mil por mes? Indudablemente ese inciso es un mal chiste.
Impacto en el comercio de la carne
Lo esencial, es que con este aumento en el renglón minorista se agrava el principal problema para blanquear el negocio de la carne. Casi todos los minoristas se resisten a que sus proveedores les facturen a su nombre, porque operan como monotributistas y les resulta difícil justificar tan baja facturación.
En el régimen de monotributo, los carniceros pueden facturar hasta $1,3 millones, con lo que les correspondería la nueva alícuota de 3%. Mayor razón para que no quieran que se les facture.
En la provincia de Buenos Aires regía un régimen similar de alícuotas diferenciales, que llegaba hasta el 6%. Gestiones del Ministerio de Agroindustria nacional lograron convencer a las autoridades provinciales de bajarlas al 2% y luego al 1,75%. Y sigue habiendo gestiones para reducirlas aún más.
El Gobierno de la Ciudad debería modificar para abajo las alícuotas sancionadas. Se trata de un valor por encima de las cuestiones jurisdiccionales. Además, es tan difícil fiscalizar al sector de la carne que, cada vez que se bajaron las tasas aumentó la recaudación. Sucedió en 1998 cuando se redujo la alícuota del IVA del 21 al 10,5% y ahora en la Provincia de Buenos Aires.
La Ciudad debería usar la misma estrategia y se beneficiará ella misma, la política antievasión del gobierno nacional y todo el sector de ganados y carnes.
Por Miguel Gorelik, Director de Valor Carne
