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“Estamos atravesando una situación de recorte presupuestario muy grave”, dijo Mario Alberto Romero, secretario general de la Asociación del Personal del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Apinta).
“Esta es una de las razones por las cuales desde octubre del año pasado hemos perdido más de 230 trabajadores en distintas estaciones del INTA, ya sea porque se han jubilado, porque renunciaron o porque fallecieron. En ningún caso se los reemplazó”, aseguró.
“La institución se ve afectada en su normal funcionamiento con estas medidas, ya que además se continúan cancelando los proyectos y no sabemos cuándo se va a detener esta sangría”, sostuvo el dirigente gremial surgido de Trelew, en la provincia del Chubut y quien transita ya 38 años en el organismo.
El INTA posee un personal de 7.415 personas registrados a diciembre último, en 15 centros regionales, 52 estaciones experimentales, 22 institutos de investigación y más de 400 agencias de extensión rural.
De acuerdo con un informe del Ministerio de Modernización, elaborado en agosto de 2017 y nunca oficializado, debía producirse un recorte de 782 personas, poco más del 10%.
Un efectivo estado de movilización realizado desde el gremio en todo el país detuvo, al menos hasta ahora, esa alternativa de despidos inminentes.
El apoyo de las distintas capas de la cadena del sector no se hizo esperar, así como de representantes de entidades como Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Federación Agraria Agraria (FAA) y Coninagro (Confederación Intercooperativa Agropecuaria).
“Pero a nosotros también nos preocupa vivir otro proceso como en los años 1990 o 2000, cuando las vacantes fueron congeladas”, explicó.
“De ser así, y de continuar la política de cancelación de proyectos, se producirá una falta de investigadores; es decir, nos faltará la generación del medio, por decirlo de algún modo”, sostuvo.
Romero relató que ellos hacen hincapié en todos los trabajos relacionados con los pequeños y medianos productores, así como aquellos vinculados con la agricultura familiar, algo que, aseguró, se está desvinculando en esta etapa
El presupuesto asignado para el INTA en 2017 fue de alrededor de 6.200 millones de pesos, una cifra semejante para el año en curso.
“Pero nosotros, en esta coyuntura de la cual no podemos permanecer ajenos, pretendemos aportar soluciones para el desarrollo del sector agropecuario inclusivo, competitivo y sustentable”, añadió.
Romero alude a la presentación que hará este martes 17, a las 18.30, en la Sala 4 del 3 piso “A” del Congreso Nacional, junto a los distintos integrantes de Apinta de todo el país.
“Sin partidismos, porque este tema lo supera, elegimos el Congreso para presentar nuestro plan, que se denomina El INTA que queremos los trabajadores”, agregó.
“El vaciamiento jaquea a los productores”
El exministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación (2009-2011), doctor Julián Domínguez, dijo que el INTA enfrenta un ajuste presupuestario que pone en riesgo su continuidad.
“Hasta 2015 contaba con 7.750 trabajadores, de los cuales una importante proporción eran profesionales. En la actualidad, el Ministerio de Modernización determinó que sobraban 750 personas del organismo, aunque luego de una batalla encabezada por los gremios se lograron conservar los puestos de trabajo”, agregó.
“Sin embargo, el Gobierno no abandona su política de ajuste y apunta al vaciamiento de los programas (solo un 14% del presupuesto asignado estaría destinado a estos efectos), lo que a corto plazo provocará la parálisis del organismo y una posible fuga de cerebros”, sostuvo.
“En este siglo el mundo demanda alimentos y Argentina tiene que prepararse tecnológica y científicamente para ser uno de los principales proveedores. ¿Podemos entonces descuidar, como Estado, a nuestro principal proveedor de desarrollo? Claro que no”, se respondió.
Cuando ocupó la cartera (hoy de Agroindustria) Domínguez había asegurado —en diálogo con La Nueva.— que “el INTA era el mejor rostro del país”.
El exintendente de Chacabuco también dijo que el INTA no sólo está compuesto por profesionales que conocen el potencial productivo del país, sino que contiene a aquellos que conocen las necesidades alimenticias del mundo.
“El INTA es el organismo que más confianza genera en los productores y en los empresarios que buscan una nueva oportunidad de negocios para su producción”, indicó, para agregar que una política agroindustrial seria y de largo plazo es necesaria para volver al rumbo correcto.
“La incorporación de energías renovables, biotecnología y mano de obra especializada destinada al sector agrario debe ser la punta de lanza para volver a ubicar al país en un eslabón fundamental de la cadena alimenticia mundial”, comentó.
“El sector cooperativo debe alcanzar el 51% de participación en el mercado exterior, para revertir el actual proceso en el que solo 7 multinacionales acaparan el 64% de las exportaciones. Y para que nuestras cooperativas estén un paso delante de quienes históricamente concentraron el mercado, debe ser Estado, a través del INTA, su principal sostén de desarrollo”, dijo.
