De Frente al Campo TV Online Federal
I – ¿Qué idea de país subyace detrás de la decisión del gobierno de la provincia de Mendoza de entregarle el manejo de parte de un recurso interprovincial a una empresa privada y negárselo a su legítima dueña que es, con fallo judicial firme de la Corte Suprema, La Pampa? Esa es la pregunta que no sólo los pampeanos, sino los argentinos de buena leche deben hacerse luego de conocida la noticia que llena de estupor a quienes creen que el país es de sus habitantes: Mendoza entregó la laguna del Atuel, donde nace el río interprovincial del mismo nombre a la minera Sominar. La empresa es propietaria de la Estancia El Sosneado, una enorme extensión privada de tierra argentina de 330.000 hectáreas que limita al oeste con Chile, al norte con el río Diamante y al sur con el río Atuel y al este con la ruta 40. Incluye dentro de su propiedad al poblado de El Sosneado, ubicado en el cruce del río Atuel con la ruta 40.
II – Sominar es un acrónimo de Sociedad Minera Argentina que ocupa esa enorme extensión desde el año 1937. La firma explotó durante décadas la mina de azufre ubicada en la cumbre del volcán Overo y lo procesaba en la planta que poseía a orillas del Atuel. Pero en la década de los 80 esa mina fue desactivada y la empresa asegura que la minería es cosa del pasado y que hoy la actividad principal es la ganadería, la agricultura y el turismo. No obstante admite que allí operan un grupo de empresas petroleras en yacimientos en el sudeste de la propiedad denominados Vega Grande, Lomas de la Mina, El Sosneado, Atuel Norte, Río Atuel y Río Diamante. La estancia que maneja ahora la laguna del Atuel tiene producción ganadera que incluye las áreas de invernada y veranada con puesteros arrendatarios y explota unas 280 hectáreas de agricultura intensiva con producción de papa para semillas, ajo para exportación, zanahoria, alfalfa y centeno. Lo curioso es que esta producción, admite la empresa, es regada con agua de ríos y arroyos tributarios del río Atuel a los que llama «sus recursos».
III – La Pampa presentó el caso ante la Corte Suprema porque ha sido dejada de lado en la decisión de otorgar un recurso que le pertenece por derecho. La decisión de Mendoza es, desde el punto de vista de la legislación y de los fallos judiciales, totalmente ilegal, pero en la Argentina la inseguridad jurídica de los derechos ambientales permite que tiranuelos provinciales como el gobernador cuyano actúen como señores medievales dando y quitando agua de acuerdo a su estrecha visión del país. Esa mirada feudal se vio confirmada hace semanas cuando amenazó con alzarse contra la Nación y hacer de Mendoza un país más chileno que argentino. Si no lo hizo fue porque, cuando hizo las cuentas, advirtió que su provincia, pese a toda la propaganda interna, no es viable sin los aportes nacionales.
IV – Mendoza parece olvidar que toda su prosperidad se la debe a la Nación. Fue la Nación la que la protegió de la competencia en su industria vitivinícola que prohibió en el resto del país. Fue la Nacion la que le financió las obras con las que se apropió del agua pampeana con represas como El Nihuil, Valle Grande y otras en ríos tributarios de la cuenca del Desaguadero Salado que dejó de correr en nuestra provincia para regar la prosperidad mendocina devenida de su monopolio protectivo y del derroche de agua. Tanto le debe a la Nación y al despojo a La Pampa su prosperidad, que los propios estudios de sus investigadores reconocen que el mayor incremento de tierras bajo riego se dio en 1947/48, cuando cortaron el Atuel a La Pampa para apropiárselo.
V – La Pampa no puede esperar mucho de la Corte. Ese organismo le tiene tanto miedo al grupo Clarín que domina en Mendoza merced a la apropiación supuestamente legal de sus principales medios periodísticos que, pese a toda la legislación ambiental que le da razón a nuestra provincia y ha motivado fallos esperanzadores, luego de tantos años de espera y de los consabidos recursos dilatorios de Mendoza, no parece estar en sus intenciones ponerle fin al despojo y ordenar que el río corra en La Pampa. Que Mendoza pueda privatizar una parte del río, nada menos que su nacimiento, mientras le niega derechos a La Pampa, permite comprobar el papel cómplice de la justicia en ese avance.
