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Esta semana el gobierno de la provincia de La Pampa envió al Poder Legislativo de esa jurisdicción una propuesta que ya quedó vieja antes del minuto uno de comenzar a ser tratada.
El texto de la iniciativa implementa en todo el territorio provincial una zona de exclusión de uso de agroquímicos a una distancia de 3000 y 500 metros para aplicaciones aéreas y terrestres respectivamente, con lo cual –en caso de ser aprobada– decenas de miles de hectáreas quedarán fuera de producción.
Adicionalmente, el proyecto contempla crear una estructura burocrática para controlar todas las aplicaciones realizadas en el radio comprendido entre 500 y 2500 metros del límite de zonas urbanizadas.
En la Argentina existen pulverizadoras terrestres inteligentes que cuentan con una estación meteorológica incorporada para determinar en tiempo real si las condiciones de la aplicación en curso son las adecuadas. Eso se logra por medio de un programa –desarrollado por una empresa argentina– que, a partir de la temperatura, humedad relativa y velocidad del viento, calcula en tiempo real la deriva y evaporación de la aplicación. Si las condiciones para pulverizar no son óptimas, el sistema emite una alarma para detener de inmediato el equipo.
Uruguay ya está trabajando en el tema hace tiempo: en 2020 el “Sistema Monitoreo Satelital de Aplicaciones de Productos Fitosanitarios”, lanzado a modo de piloto en 2018 por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, se propone abarcar una extensión de 400.000 hectáreas (alrededor del 35% del área agrícola total).
El nuevo sistema, cuyo propósito final es ser implementado en algún momento en el 100% de la superficie agrícola uruguaya, permite instrumentar un seguimiento de las aplicaciones de agroquímicos en tiempo real por medio de la incorporación de un dispositivo en los equipos terrestres y aviones dedicados a realizar pulverizaciones de cultivos.
De esa manera, si alguien aplica fitosanitarios en condiciones ambientales que no son las adecuadas, el sistema emite un alarma en tiempo real para accionar las intervenciones y sanciones que correspondan.
Garantizar una aplicación óptima, además de una cuestión social y ambiental, es también una obligación agronómica, pues permite realizar un control adecuado de malezas, plagas y enfermedades, lo que contribuye a evitar la aparición de resistencias que luego pueden complejizar la actividad agrícola en términos tanto económicos como operativos.
El aspecto más preocupante de la propuesta pampeana –denominada “gestión integral de plaguicidas”– es el hecho de mostrar la intención de compartir un 40% y 20% de lo recaudado por multas con la Policía provincial y los municipios, respectivamente, lo que indicaría que el objetivo primario de la norma no es precisamente cuidar la salud de la población o el ambiente, sino generar una nueva caja de recaudación que tiene (nuevamente) como protagonista al sector agropecuario.
Argentina ya tiene la tecnología disponible para armar un Gran Hermano orientado a controlar con precisión inobjetable todas las aplicaciones en tiempo real por medio de una plataforma digital. Pero la implementación del mismo seguramente no prosperará si colisiona con la angurria de la corporación política.
