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El diputado provincial Darío Hernández (Frente Renovador) solicitó, a través de un proyecto, la prohibición de la fumigación aérea a 3.000 metros de los radios urbanos de municipalidades y comisiones de fomento del herbicida conocido como glifosato. Además, reclamó que la prohibición se extienda dentro de un radio de 1.500 metros cuando la aplicación sea terrestre.
No solo eso. “Las prohibiciones anteriores regirán también en relación a los establecimientos educativos rurales de la provincia”, solicitó.
“Es conocida -argumentó- es la polémica instalada en relación al uso del glifosato o productos herbicidas que tengan dicho principio activo en nuestro país y en el mundo. Recientes fallos judiciales en la provincia de Entre Ríos y en la provincia de Buenos Aires, específicamente en la ciudad de Pergamino, han reavivado el tema”.
El legislador mencionó que el juez federal Carlos Villafuerte Ruzo (San Nicolás, Bs. As.) determinó la prohibición, como medida cautelar, de las fumigaciones aéreas a menos de 600 metros de los barrios periféricos de Pergamino, a partir de un informe elaborado por peritos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que detectaron 18 agrotóxicos en el agua que consume la población, a través de la red urbana.
También el juez federal de Entre Ríos, Pablo Ferreyra, validó una ordenanza de Gualeguaychu (Nº 12216/13) que declaró a la ciudad “Libre de Glifosato”.
“La pelea de fondo es entre los pooles sojeros, el estado nacional, los diferentes estados provinciales y algunos municipios por un lado, cuyos recursos provienen del cultivo de la soja y de las retenciones que en consecuencia perciben, y por otro, la gente que sufre las consecuencias de esta actividad que produce millones de dólares, pero también cáncer, malformaciones, y afecciones en la piel”, aseguró.
El diputado provincial del Frente Renovador dijo que desde 2015 la OMS consideró cancerígeno “probable” al glifosato por resultar un perturbador endocrino, aunque la opinión no es admitida en forma unánime. “La empresa multinacional Monsanto sin embargo, lo ha comercializado a través del producto Round Up que ahora pasó a manos del gigante Bayer. En este panorama se impone que las instituciones, entre ellas, el Poder Legislativo, tomen partido por la salud de la gente sancionando normas que prohíban las fumigaciones aéreas con glifosato, dentro de determinados límites”, dijo.
El legislado recordó que un tribunal de California ha condenado al grupo Monsanto a pagar 81 millones de dólares a un jubilado que sufre cáncer, por negligencia en relación al uso de glifosato marca Round Up. En La Pampa la Ley N° 1173 y su Decreto reglamentario N° 618/90 establecen límites aún insuficientes, a nuestro criterio, para las actividades señaladas.
Fuente: diariotextual
