¿Es posible desburocratizar el agro sin perder seguridad sanitaria? La nueva Resolución 64 del Senasa apuesta por el riesgo fitosanitario y la agilidad digital.
La gestión de materiales de propagación vegetal en Argentina inicia una etapa de modernización normativa fundamental. El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) formalizó, mediante la publicación de la Resolución 64 en el Boletín Oficial, una actualización integral del Registro Nacional Fitosanitario de Operadores de Material de Propagación, Micropropagación y/o Multiplicación Vegetal (Renfo). Este movimiento administrativo no constituye un simple cambio de formas, sino que representa la consolidación de un esquema de fiscalización inteligente.
La normativa vigente sustituye de manera definitiva a la Resolución SENASA 1678/2019 y abroga la Resolución 221/2024. El núcleo de esta reforma reside en la aplicación de un análisis de riesgo fitosanitario para clasificar a los actores del sector. Gracias a este criterio, el organismo sanitario logra una planificación de acciones mucho más precisa, enfocando los recursos de supervisión donde la vulnerabilidad biológica es mayor. Para el operador, esto se traduce en una previsibilidad operativa superior y en un marco normativo que reconoce las diferencias técnicas de cada cultivo.
Simplificación administrativa y vigencia diferencial
Uno de los mayores reclamos del sector productivo halló respuesta en la flexibilización de los procesos de inscripción. La Resolución 64 introduce ajustes sustanciales en la vigencia de los registros según la naturaleza de la actividad realizada. El objetivo central busca reducir las cargas burocráticas que históricamente ralentizaron el desarrollo de los viveros y centros de multiplicación. Al ajustar los plazos de validez de las inscripciones, el SENASA garantiza que los operadores dediquen menos tiempo a la gestión de expedientes y más a la optimización de sus estándares productivos.
La digitalización total de los procesos de inscripción y actualización de datos mediante plataformas oficiales refuerza este concepto de agilidad. La integración sistémica promueve la transparencia y permite un seguimiento en tiempo real de los trámites. Los operadores ahora disponen de herramientas virtuales que unifican criterios y redefinen las obligaciones de manera proporcional al nivel de riesgo fitosanitario detectado en sus establecimientos.
Remates Feria
Reingeniería del rol del responsable técnico
La actualización normativa también introduce cambios quirúrgicos en las exigencias de asesoramiento profesional. Bajo el nuevo marco, la figura del Responsable Técnico mantiene su obligatoriedad exclusivamente para aquellos operadores dedicados a la producción de especies priorizadas. Esta distinción técnica permite que las actividades de menor impacto sanitario no carguen con estructuras de costos innecesarias, mientras que las producciones críticas conservan el máximo nivel de vigilancia experta.
Senasa adecuó los requisitos de los profesionales a las características específicas de cada rubro, reconociendo que la micropropagación de especies ornamentales requiere protocolos distintos a la multiplicación de frutales o especies forestales. Este ordenamiento contribuye a una fiscalización más eficiente y alineada con los estándares internacionales vigentes, evitando la aplicación de criterios genéricos sobre realidades productivas diversas.
Claridad normativa y estándares de fiscalización
El texto de la resolución incorpora y ordena los requisitos fitosanitarios específicos segmentados por grupos de especies. Esta estructuración técnica elimina zonas grises en la interpretación de la ley y facilita el cumplimiento voluntario por parte de los operadores. La unificación de criterios normativos resulta vital para que los inspectores del organismo nacional ejecuten tareas de control bajo parámetros objetivos y uniformes en todo el territorio argentino.
La reforma del Renfo se alinea con la tendencia global de desregulación administrativa y fortalecimiento sanitario. Al reducir la fricción en el registro, el Estado fomenta la formalización de los productores de material vegetal, lo cual es, en última instancia, la barrera más efectiva contra la dispersión de plagas y enfermedades que ponen en riesgo el patrimonio fitosanitario nacional.
Fuente: Senasa con aportes de Redacción +P
Un nuevo enfoque regulatorio para la sanidad vegetal
La Resolución 64 marca un cambio estructural en la forma en que el SENASA fiscaliza la producción de material vegetal, priorizando el análisis de riesgo fitosanitario por sobre esquemas uniformes. Este modelo permite asignar recursos de control de manera más eficiente y coherente con la diversidad productiva del sector, fortaleciendo la prevención sin imponer cargas innecesarias.
Al mismo tiempo, la digitalización total de los registros impulsa una mayor transparencia y trazabilidad, alineando a la Argentina con estándares internacionales de control sanitario. La formalización y claridad normativa no solo benefician a los operadores, sino que refuerzan la protección del patrimonio fitosanitario nacional frente a plagas y enfermedades emergentes.
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