por Alejandro Rollán
Como si estuviera siendo parte de una lucha libre, la soja se encuentra en inferioridad de condiciones, bloqueada por una toma de catch: la legendaria doble Nelson.
La nueva suba de las retenciones que dispuso el Gobierno nacional sujeta al grano por la espalda y le inmoviliza los brazos.
La decisión de castigar al cultivo no es nueva. La práctica arrancó en febrero de 2002, cuando el Estado decidió gravar sus exportaciones –que habían comenzado a liderar el complejo agroindustrial–, con un 13,5 por ciento. No conforme con ello, y tentado por la suba del precio internacional, a finales de 2007 la alícuota del tributo fue llevada al 35 por ciento. En el medio, fracasó en el intento por poner en marcha un esquema de retenciones móviles que hubiera llevado a la soja a pagar un impuesto de 45 por ciento.
Luego de cuatro años de forcejeo (con bajas y subas del impuesto), el derecho de exportación subirá finalmente al 33 por ciento. La nueva alícuota alcanzará al 77 por ciento de la producción, con la diferencia de que el precio internacional del grano es casi la mitad del que tenía 11 años atrás.
Remates Feria
La segmentación que dispuso el Gobierno, para que el universo de productores que genera el 23 por ciento de la soja restante pague entre 21 y 30 por ciento de retención, es un mecanismo que no ha dado resultado en experiencias anteriores. Lo aplicó el gobierno de Cristina Fernández, a través de la Oficina Nacional de Control y Comercio Agropecuario (Oncca), y la administración de Mauricio Macri a través del Plan Belgrano. En ambos casos, con resultados inconclusos.
Sin tecnología
La falta de una ley de semillas es la otra parte de la toma que le agrega a la soja presión sobre la nuca. El apagón tecnológico que sufre el cultivo, ante la falta de un marco legal que reconozca la propiedad intelectual para las empresas productoras de germoplasma y de biotecnología, también atenta contra su despegue.
A nivel mundial, la inversión en investigación y desarrollo es cada vez mayor.
La compañía Syngenta, por ejemplo, destina por año 1.300 millones de dólares a crear nuevas tecnologías, en su mayoría mejores germoplasmas que permitan un salto productivo.
Sin embargo, la mayoría de los nuevos materiales no ingresan a la Argentina, por la falta de reglas claras que retribuyan su uso.
En un contexto de impuestos crecientes, una forma de aliviar la presión sería a través de una mayor productividad, pero ello se ve limitado por la falta de la mejora genética.
En Estados Unidos, una bolsa de semilla con soja biotecnológica cuesta 120 dólares, a lo cual se le suman 24 dólares adicionales de un tratamiento profesional. “Los productores no se guardan semilla, están obligados a entregarla; no hay bolsa blanca y el control lo realizan los propios semilleros”, destacó Dave Myers, gerente de agronomía de la cooperativa CHS, con sede en el condado de Dekalb, en el corn belt estadounidense.
Lejos de cobrar retenciones, allá el Estado subsidia a los farmers en el caso de que un evento climático les impida sembrar, tal como ocurrió durante la campaña pasada, cuando los excesos de lluvias impidieron en Dekalb la siembra de 30 mil hectáreas. De lo contrario, esos productores hubieran salido del sistema, aclaró Myers.
Para esta campaña, el Instituto Nacional de Semillas (Inase) resolvió que el sistema Bolsatech vuelva a fiscalizar el uso de tecnología en soja.
Vigente desde hace cuatro cosechas, el mecanismo, diseñado por privados, ha permitido cubrir en parte el déficit que provoca la falta de una legislación adecuada.
No obstante, para muchas compañías de semillas el sistema todavía no alcanza para que se decidan a traer los nuevos materiales en soja, que ya están utilizando países competidores como Brasil y Estados Unidos.
FUENTE: AGROVOZ
