Este martes no será un día más para el sector agropecuario, la Cámara de Diputados realizará una sesión especial donde abordará temas del sector. Los legisladores debatirán sobre el “impuesto a la riqueza”, la modificación de la Ley de Manejo del Fuego y el proyecto de la Ley Yolanda.
Estas tres iniciativas tienen una gran incidencia en el sector desde los económico, ambiental y productivo. Cabe destacar que esta sesión fue pedida por el oficialismo para este martes a las 12.
El pedido de sesión especial está acompañado de las firmas de los legisladores Máximo Kirchner, Carlos Heller, José Luis Gioja, Leonardo Grosso, Cecilia Moreau, Cristina Álvarez Rodríguez, Eduardo Bucca, Carlos M. Gutiérrez, Ricardo Wellbach, José Luis Ramón, Luis Di Giacomo y Felipe Álvarez.
Impuesto a la riqueza
El 28 de agosto el diputado Máximo Kirchner y Carlos Heller presentaron el proyecto de “Impuesto a la riqueza”, que fue planteado como un aporte único y extraordinario. Desde el oficialismo comenzaron a trabajar en esta iniciativa, mientras la discusión se comenzó a diluir.
La oposición, empresarios y productores agropecuarios manifestaron su oposición al “impuesto a la riqueza”. En este sentido, argumentaron que va a generar un mayor freno económico y señalaron que no es justo un impuesto de estas características en el contexto actual.
Remates Feria
El proyecto comenzó a debatirse y fue aprobado en las diferentes comisiones que tuvo que atravesar. El diputado Carlos Heller fue el vocero del proyecto que le costó críticas a su gestión como presidente del banco Credicoop.
Finalmente, este martes el proyecto será tratado en una sesión especial que por sus características se espera que dure más de 10 horas. La iniciativa propone cobrar una alícuota a aquellas personas humanas que posean un total de bienes que sea igual o mayor a los $ 200 millones de pesos.
Una fuerte crítica que se le hizo a este proyecto es que avanza sobre bienes que son de uso productivo y que muchos de ellos están exentos en Bienes Personales, según explicó la Fundación Barbechando. Esta posición fue criticada por la Mesa de Enlace, ya que incorpora a los inmuebles rurales como así también cajas de ahorro, plazos fijos y bonos argentinos.
Sociedad Rural, CRA, Coninagro y Federación Agraria mostraron su descontento y señalaron que, más que un impuesto, es un tributo de carácter confiscatorio. «Atenta contra la inversión, la incorporación de tecnología y la creación de empleo, en un momento en que la Argentina lo necesita desesperadamente», argumentaron desde la Mesa de Enlace.
Cabe destacar que las alícuotas serán entre el 2 % y el 3,5 %, dependiendo del monto equivalente del patrimonio. El Gobierno estima recaudar alrededor de $ 300.000 millones y los distribuirá en varios puntos.
- 20 % a la compra o elaboración de equipamiento médico, elementos de protección, medicamentos, vacunas y todo otro insumo crítico para la prevención y asistencia sanitaria.
- 20 % a subsidios a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas.
- 20 % destinado al programa integral de becas Progresar, gestionado en el ámbito del Ministerio de Educación.
- 15 % a los habitantes de los barrios populares.
- 25 % a programas de exploración, desarrollo y producción de gas natural.
Modificación de la Ley de Manejo del Fuego
Este proyecto fue presentado por el diputado del Frente de Todos Máximo Kirchner como una respuesta a los incendios que sucedieron y acontecen en el país. Según el último reporte de este lunes del Sistema Nacional del Fuego, en Argentina durante el 2020 se quemaron 898.755,372 hectáreas.
Ante esta situación, el bloque presentó un proyecto para modificar la ley vigente y agravar las penas a los propietarios de las tierras que fueron incendiadas. El proyecto generó rechazo en el arco productivo ya que lo ven como un doble castigo: los daños del fuego y los daños de la ley.
El proyecto presentado por el oficialismo propone que en caso de incendios provocados o accidentales habrá restricciones para cambiar la actividad económica con la que está registrada el inmueble. La iniciativa hace salvedades de 30 y 60 años sin modificaciones en caso de incendios.
En aquellos casos que se queme vegetación viva o muerta, en bosques nativos o implantados, áreas naturales protegidas y humedales, a fin de garantizar las condiciones para la restauración de las superficies incendiadas, se prohíbe por el término de 60 años desde su conclusión:
- Realizar modificaciones en el uso y destino que dichas superficies poseían con anterioridad al incendio.
- La división, subdivisión, loteo, fraccionamiento o parcelamiento, total o parcial, o cualquier otro emprendimiento inmobiliario, distinto al arrendamiento y venta, de tierras particulares.
- Cualquier actividad agrícola que sea distinta al uso y destino que la superficie tenía al momento del incendio
Por su parte, en caso de incendios en zonas agrícolas, praderas, pastizales o matorrales se prohibirá por el término de 30 años realizar:
- Emprendimientos inmobiliarios
- Cualquier actividad agrícola que sea distinta al uso y destino que la superficie tenía al momento del incendio
- La modificación del uso de la superficie para desarrollar agricultura intensiva (excepto en los casos en que esa práctica antecede al incendio.
Ante este avance del oficialismo en materia productiva, Confederación de Rurales Argentinas argumentó: “Vemos avanzar un proyecto de modificación de la ley conocida como Manejo del Fuego (Ley 26.815), donde en ella se generan sanciones gravísimas para los productores titulares de la tierra que sufren un incendio, que se suman al hecho de ver quemados sus campos”.
“Instamos a los señores diputados y senadores a rechazar esta modificación normativa, carente de razonabilidad y con un doble castigo a quien ha sufrido un incendio, que, como se ha demostrado muchas veces, obedece a la intencionalidad de terceros”, manifestó CRA en un comunicado.
Ley Yolanda
Este proyecto de ley fue presentado por la senadora por San Luis, Eugenia Catalfamo, y busca capacitar en materia de medioambiente a los tres poderes del Estado. El nombre es en homenaje a Yolanda Ortiz, primera secretaria de Ambiente en Argentina y América Latina, y la iniciativa ya cuenta con media sanción en Senado.
Diputados tratará este martes el proyecto que prevé la capacitación obligatoria en materia ambiental, con perspectiva de desarrollo sostenible y con especial énfasis en cambio climático a los integrantes del Estado.
El proyecto establece que 90 días posteriores a la sanción de la ley, la autoridad de aplicación debe establecer los lineamientos generales destinados a las capacitaciones, que deben contar con el apoyo de instituciones científicas especializadas en la materia, la sociedad civil y sus organizaciones.
La senadora que impulsó el proyecto comentó que es fundamental promover una verdadera conciencia ambiental, sobre todo en los funcionarios que deben definir las políticas públicas. “La ley va tender un puente entre los tres poderes del Estado y la comunidad científica para fomentar el trabajo en equipo”, concluyó.
