Más allá del mayor cupo para carne bovina y las rebajas arancelarias, el acuerdo con Estados Unidos exige cambios regulatorios con gran impacto en sanidad, semillas y propiedad intelectual
El Acuerdo sobre Comercio e Inversiones Recíproco firmado entre Argentina y Estados Unidos fue presentado como un paso estratégico para profundizar la relación bilateral. Sin embargo, su alcance va mucho más allá de un entendimiento comercial clásico y plantea un cambio en la forma en que la Argentina se vincula con uno de los principales mercados del mundo.
Actualmente la Argentina abastece menos del 1% de las importaciones agroindustriales de Estados Unidos. Entre los factores que explican esta baja participación aparece la ausencia histórica de un acuerdo comercial que permita ingresar en condiciones similares a las de otros competidores. En ese contexto, el nuevo marco busca corregir parte de esa desventaja estructural y abrir oportunidades que hasta ahora estaban limitadas por aranceles, cupos y barreras regulatorias.
Además de que la Argentina es el primer país de América del Sur que firma un acuerdo de comercio e inversiones, este introduce una alineación de normas con estándares internacionales promovidos por Estados Unidos. Se trata de un rasgo que lo diferencia de otros acuerdos comerciales y centra la discusión en la «letra chica», donde se definen compromisos de fondo para la economía argentina y su capacidad de competir en mercados exigentes.
Qué gana Argentina en el nuevo escenario
Uno de los beneficios más visibles del acuerdo es la ampliación del cupo de carne bovina argentina hacia Estados Unidos. A la cuota existente se suman 80.000 toneladas adicionales, lo que eleva el contingente total a 100.000 toneladas anuales y consolida a la carne como el principal activo agroindustrial dentro del entendimiento.
Esta ampliación no solo tiene impacto en volumen, sino también en valor, ya que las estimaciones indican que podría habilitar ingresos adicionales por hasta 800 millones de dólares. Además de este monto, se trata de un mercado de alto poder adquisitivo y con demanda sostenida, siempre que se mantengan las condiciones sanitarias y comerciales.
A su vez, el acuerdo establece que unas 1.600 posiciones arancelarias quedarán exentas de aranceles recíprocos por parte de Estados Unidos. Si bien sólo un porcentaje muy chico corresponde a productos agroindustriales, la medida amplía el margen de competitividad para exportaciones argentinas y mejora el acceso a nichos específicos.
A esto se suma que Estados Unidos se compromete a apoyar el financiamiento de inversiones en sectores estratégicos en Argentina. Esto abre una ventana para proyectos vinculados a infraestructura, energía, agroindustria y tecnología, áreas críticas para el desarrollo productivo de mediano y largo plazo.
Los compromisos que asume Argentina
Por su parte, la Argentina se compromete a eliminar aranceles sobre 221 productos. Algunos de ellos vinculados al sector agroindustrial, y a reducir otros a niveles mínimos desde la entrada en vigencia del entendimiento.
También se prevé la apertura de distintos contingentes arancelarios para productos como carne bovina, quesos, vinos, golosinas y otros alimentos procesados. Estos cupos buscan facilitar el ingreso de productos estadounidenses al mercado local, bajo esquemas administrados y con reglas previamente definidas.
Sin embargo, los principales compromisos asumidos por la Argentina no están en los aranceles. El mayor peso del acuerdo se concentra en el avance en cambios regulatorios profundos que impactan sobre la forma de producir, certificar y comerciar.
El punto más sensible del acuerdo
Uno de los capítulos más delicados para el agro aparece en materia de propiedad intelectual, especialmente por su impacto sobre biotecnología, semillas y obtenciones vegetales. En este sentido, la Argentina se compromete a eliminar criterios considerados restrictivos para el otorgamiento de patentes biotecnológicas y de enviar al Congreso la adhesión al convenio UPOV Acta 1991 antes de fines de 2027, un punto que vuelve a poner en el centro del debate el esquema de protección de la innovación en el sector.
El propio documento advierte que, si bien UPOV reconoce la excepción de «uso propio», la definición de sus alcances queda en manos de cada país. En ese marco, la falta de una reglamentación clara podría abrir un escenario de incertidumbre respecto de los mecanismos de protección, con lecturas divergentes entre obtentores, empresas y productores, un tema históricamente sensible en la agenda agropecuaria argentina.
A este proceso se suma un compromiso legislativo de corto plazo, en el que la Argentina deberá enviar al Congreso el Tratado de Cooperación en materia de Patentes antes del 30 de abril de 2026. Se trata de un instrumento que alcanza tanto al sector agropecuario como al farmacéutico y que apunta a armonizar el sistema local con estándares internacionales de registro y protección.
Además, la Argentina se compromete a simplificar procedimientos, reconocer estándares internacionales y transparentar los mecanismos de control. Todo ello con el objetivo de reducir costos, tiempos y márgenes de discrecionalidad, aunque esto también exige adaptar marcos normativos y capacidades institucionales.
En paralelo, se refuerza el enfoque sobre medidas sanitarias y fitosanitarias basadas en evidencia científica, reconocimiento de equivalencias y regionalización sanitaria. El objetivo es agilizar aperturas de mercados y destrabar barreras indirectas al comercio, aunque para la Argentina, los compromisos más exigentes del acuerdo no están en los aranceles, sino en estas disciplinas no arancelarias que condicionan el acceso efectivo a los mercados.
El Acuerdo Argentina Estados Unidos 2026 abre oportunidades concretas para mejorar el acceso a uno de los mercados más grandes del mundo, pero lo hace a cambio de compromisos regulatorios profundos. Para la agroindustria, el desafío no será solo aprovechar nuevos cupos o menores aranceles, sino adaptarse a un marco de reglas más exigente. El verdadero impacto del acuerdo se verá en la medida en que se logre implementar y en cómo la Argentina pueda transformar esta alineación normativa en competitividad real y sostenida.
Fuente: https://www.revistachacra.com.ar/
Reglas nuevas: el verdadero desafío para competir en el mercado estadounidense
Más allá del impacto inmediato en exportaciones, el acuerdo marca un giro hacia una mayor armonización normativa con estándares internacionales, especialmente en sanidad y comercio. Esto podría facilitar futuras aperturas de mercados y reducir trabas técnicas, pero también obliga a la Argentina a fortalecer su capacidad institucional para certificar, controlar y cumplir requisitos más estrictos.
En el caso de semillas y propiedad intelectual, la adhesión a UPOV 1991 y la actualización del esquema de patentes abren un debate profundo sobre innovación, derechos de obtentor y uso propio. El resultado final dependerá de cómo se reglamenten estos compromisos y del equilibrio que se logre entre incentivar inversiones tecnológicas y proteger la competitividad del productor argentino.
Deja una respuesta