En la Secretaría de Agroindustria no tienen pensando modificar una disposición sobre los contratos de compraventa de granos convenidos en dólares rechazada por corredores de cereales y exportadores, pero avalada por entidades de la producción.
Anteayer, en la sede de esa cartera, representantes del Centro de Corredores y Agentes de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, de la Federación de Acopiadores de Granos, la Federación Argentina de la Industria Molinera (FAIM), el Mercado A Término (Matba), la Bolsa de Cereales y los exportadores (Ciara-CEC), se reunieron con las máximas autoridades de esa cartera para hablar de la disposición 9.
Esa norma, que emitió la Dirección Nacional de Control Comercial Agropecuario dependiente de ese organismo, fijó que esos contratos se liquiden con el último cierre tipo comprador de la divisa Banco Nación. La excusa del Gobierno para hacer esa norma era evitar diferencias y demoras que perjudicaran a los productores.
El tema generó una suerte de grieta. Por un lado, la Sociedad Rural Argentina (SRA) y Carbap reclamaron públicamente el cumplimiento de la disposición y pidieron a sus productores hacerla respetar. Por otra parte, provocó críticas de corredores que la cuestionaron por ser «un trastorno administrativo», «errónea» y que estaba pensada como si se fuera a cobrar en dólares. También algunas fuentes ligadas con la exportación advirtieron sobre problemas en las liquidaciones.
En este contexto, sin entidades de productores, se hizo la reunión en Agroindustria con entidades e instituciones de la cadena. Y el Gobierno, tras escuchar los argumentos en contra, tiene decidido mantener la medida.
«Se los escuchó, pero no dieron argumentos sólidos». Así, una fuente de esa cartera descartó modificaciones en la norma actual.
En el encuentro un contador buscó explicar la posición de quienes rechazan la disposición. Pero parece que no alcanzó porque en el Gobierno no prevén al menos cambios.
«Planteamos nuestra posición», dijeron tanto operadores comerciales como del sector de la exportación.
Apenas se conoció la normativa, en el sector comercial había señalado que obligaba a poner una nota de débito o crédito en cada factura según lo que ocurriera con el dólar. En tanto, señalaron que no habría inconvenientes si la facturación como tal fuera en dólares, ya que no habría diferencias de cambios.
Según fuentes del sector privado, por la disposición 9 podría haber consultas con la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) de Leandro Cuccioli.
Por otra parte, según trascendió, en el encuentro exportadores plantearon que la AFIP les debe $2000 millones en devolución de IVA y que eso les genera inconvenientes. Esa suma no incluye lo adeudado a productores.
Fuente: La Nación
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