Luego de 30 años sin restricciones, Argentina quiere obligar a Paraguay a pagar por la habilitación portuaria para el transbordo de combustible en el kilómetro 171 del río Paraná Guazú. De lo contrario, los importadores paraguayos deberán elegir un puerto franco, como el de Ybycuí para rehabilitar la actividad en el tramo de la zona conocida como Lote Hidrovía Sur.
La decisión de la Dirección General de Aduanas (DGA) de Argentina fue rechazada a coro por la Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP), la Marina Mercante y el Centro de Armadores Fluviales y Maritimos (Cafym), que la tildaron de «arbitraría y violatoria de tratados internacionales». Frente a este escenario, en Cancillería no descartan convocar a una reunión de la Comisión Intergubernamental de la Hidrovía (CIH), donde Paraguay ostenta la presidencia pre tempore.
La DGA anunció esta semana la suspensión por 30 días de las operaciones llevadas adelante por las barcazas con bandera paraguaya, lo que promete abrir un nuevo frente diplomático entre los dos países. Pese a los gestos constantes de Santiago Peña a Javier Milei, Argentina solo se limitó a presentar una tarifa transitoria para el peaje en la vía fluvial, sin avanzar en un acuerdo más amplio y definitivo.
Por su parte, Julio César Vera Cáceres, titular de la ANNP, confirmó a LPO que estaban evaluando el puerto de Ybycuí como una opción de depósito, aunque estará determinada por informes técnicos. Sin embargo, la Marina Mercante asegura que las condiciones no son las mejores por la falta de calado o profundidad permanente.
«Yo estoy viendo la posibilidad de que el puerto de Ybycuí pueda ser o no un depósito franco para el Paraguay, aunque solo es una posibilidad. Debemos estudiar si va a servir o no en función directa a nuestras necesidades y a la infraestructura disponible en ese lugar», puntualizó Vera. La noticia generó alarma en un importador neto de combustible como es Paraguay, donde asomaron los fantasmas del desabastecimiento y la suba de precios.
Remates Feria
Vera también pidió a las autoridades argentinas que otorguen un periodo de gracia de por lo menos 10 meses para los trámites de la habilitación. «Es lo menos que pueden hacer con un país amigo en condiciones de mediterraneidad», sostuvo. Cafym, por su parte, fue más lejos y pidió a la DGA que revirtiera la medida.
Extraído de La Política Online
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