Un proyecto presentado en el Senado para la creación de una Junta Nacional de Granos generó revuelo en las últimas horas entre los productores que, apenas enterados de la novedad, hicieron circular mensajes de preocupación vía grupos de Whatsapp.
La iniciativa es de la senadora de Río Negro Silvina García Larraburu (Frente de Todos). El proyecto se presentó el 10 de marzo pasado. Fuentes cercanas a la legisladora indicaron a LA NACION que la iniciativa había perdido estado parlamentario y se representó. Como diputada García Larraburu había planteado una iniciativa en 2013. Pese a que el proyecto está de nuevo vigente y girado a comisiones, desde el entorno de la senadora indicaron: «Ahora no forma parte de la agenda de trabajo».
No obstante esto último, la difusión del proyecto entre grupos de productores fue suficiente para que se cruzaran mensajes de preocupación. En el país, la Junta Nacional de Granos funcionó entre 1933 y 1991 y adquiría trigo, maíz y lino. Compraba por ejemplo trigo, le daba la mercadería a los molinos, les pagaba un almacenaje y luego les vendía el producto por debajo del precio de mercado.
En el proyecto, la senadora propone crear la Junta Nacional de Granos como ente autárquico con vinculación con el Ministerio de Agricultura de la Nación con el fin de «controlar el comercio de cereales, oleaginosas y sus subproductos», «garantizar la provisión interna de cereales, oleaginosas y sus subproductos, independientemente de lo que suceda en el mercado externo», «tomar medidas activas con el fin de evitar los monocultivos», «producir una concientización en los productores para que proyecten sus siembras en función de los saldos de exportación o importación de cada grano, garantizando la estabilidad interna de sus precios».
La iniciativa habla de una fuerte intervención en el comercio, ya que menciona «ejercer el control de todas las instituciones o entidades que intervengan directa o indirectamente en el comercio interno o externo de granos y sus subproductos, las que deberán ajustar sus actividades a lo dispuesto en esta ley y a las reglamentaciones pertinentes que expida el Poder Ejecutivo».
También promueve para el organismo «fiscalizar el pesaje de los granos en el acto de la entrega o recepción, en cualquier etapa de su comercialización, manipulación o transporte», «autorizar la carga o el embarque de granos y sus subproductos, que se exporten, debiendo prohibirlo cuando la mercadería o las operaciones respectivas no se ajusten a las disposiciones vigentes».
El proyecto también reserva para la Junta Nacional de Granos «proponer al Poder Ejecutivo los precios mínimos a fijar para los distintos granos y las normas de aplicación».
La iniciativa contempla como funciones «fijar, con aprobación del Poder Ejecutivo, los cupos de exportación para los granos y sus subproductos» y, entre otras, «administrar los elevadores locales y terminales, silos y demás instalaciones de recepción, almacenamiento, acondicionamiento y embarque de granos que integren la red de elevadores y depósitos del Estado».
En la constitución del organismo estarían nueve personas designadas por el Poder Ejecutivo con un presidente propuesto por el Ministerio de Agricultura.
El proyecto prevé crear un fondo con las operaciones de la Junta. Además, dice que «en la comercialización de los granos y sus subproductos, en que deba intervenir la Junta, actuará como comerciante, contratando directamente y de acuerdo a las reglamentaciones de compra y de venta que la misma establezca».
También se detalla que «toda persona, física o jurídica, para actuar en el comercio interno o externo de granos del país, deberá inscribirse en un registro que llevará la Junta Nacional de Granos. Sin este requisito no podrá realizar transacciones, incluso en las bolsas y mercados, no podrán las autoridades aduaneras expedir a los exportadores el permiso de embarque correspondiente».
Fuente: La Nación – Fernando Bertello –
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