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El pasado 30 de mayo, la AFIP implementó mediante la Resolución General 4256 el uso obligatorio del “Remito Electrónico Cárnico” (REC), que entrará en vigencia el 1° de septiembre. La normativa establece a este remito , “como único documento válido para el traslado automotor dentro del territorio de la República Argentina de carnes y subproductos derivados de la faena de hacienda de las especies bovinas/bubalinas y porcinas”.
Desde la Cámara Argentina de Matarifes y Abastecedores (CAMyA) se manifestaron en contra de esta decisión, al entender que con esta medida los matarifes deberán ejercer como agentes de percepción de las carnicerías. Los puntos de ventas constituyen el desafío más grande a la hora de instalar la transparencia comercial, y en este punto sostienen que el Estado debe encargarse de la fiscalización.
Por el lado de los matarifes, han reiterado su postura favorable a la instrumentación del remito electrónico, pero una vez que se formalice la situación impositiva en las carnicerías. Según dejaron trascender desde la entidad, el Gobierno implementaría el REC recién en 2019, por eso causó sorpresa y malestar la resolución de AFIP publicada en el Boletín Oficial.
En el programa Mercadovisión, que se emite por la pantalla de Canal Rural, el socio fundador de CAMyA, Sergio Pedace explicó que mantuvieron una reunión con consignatarios y autoridades del Mercado de Liniers, en donde analizaron esta situación. Reconoció que el gran objetivo en esta etapa es “blanquear a los carniceros, son el último eslabón y no tenemos a quien facturar”.
En este sentido, remarcó que los participantes del encuentro “estuvieron de acuerdo en que la problemática es de todos, vanos a la carnicería y el ticket no aparece. Entre todos tenemos que lograr que las carnicerías estén en blanco”.
