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Se avecina una nueva campaña de fina, es decir, la siembra de cultivos de invierno como el trigo, y los productores argentinos hacen números. La conclusión es clara: con estos costos y esta carga impositiva, el negocio no cierra.
- Productores sostienen que los números arrojan quebranto.
- Reclaman la urgente eliminación de los derechos de exportación al cereal.
Se avecina una nueva campaña de fina, es decir, la siembra de cultivos de invierno como el trigo, y los productores argentinos hacen números. La conclusión es clara: con estos costos y esta carga impositiva, el negocio no cierra.
Por eso, reiteran por enésima vez la necesidad de que se eliminen los derechos de exportación que paga el cereal para poder encarar la campaña, algo que no solo -de tener resultado positivo- les genera ingresos a fin de año para afrontar los gastos de la campaña de soja y maíz del próximo ciclo, especialmente luego de varios años de sequía, sino que también trae beneficios a nivel agronómico y ambiental, permitiendo, a través de la rotación, incorporar materia orgánica al suelo, impedir su erosión, evitar la proliferación de malezas e interrumpir el ciclo de plagas y enfermedades de los cultivos sucesores.
El reclamo de la eliminación de las retenciones tiene larga data y ningún resultado positivo. Desde la Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) afirmaron que a través de los años, los derechos de exportación «han mostrado claramente que van en contramano con un círculo virtuoso de la producción, ya que lejos de promover un ambiente favorable para el crecimiento del sector agrícola, limita las hectáreas sembradas, ahoga a los productores con márgenes ínfimos o negativos y ponen en peligro la viabilidad de sus actividades y hasta el sostenimiento de sus tierras».
El 12 por ciento de retenciones por el trigo que se tributa al Estado para CRA, «estrangula de muerte la rentabilidad de los productores, ya que se suma a una cuenta vampiro de erogaciones que se chupa toda posibilidad de ganancia».
Dentro de esas erogaciones, se incluyen, además, los gastos de comercialización, semillas, fitosanitarios, fertilizantes, labores, seguros, y todos los impuestos de cada eslabón de la cadena. «Sumados a las retenciones, definen un combo explosivo que provocaría una cosecha de quebranto y una consecuente caída en la inversión en tecnología y en la calidad de los cultivos, afectando no sólo a los agricultores, sino también repercutiendo en toda la cadena de valor», explicaron desde la entidad rural.
El pedido se da en un contexto de bajo precio del trigo a nivel mundial, alto costo de los fertilizantes y de arrendamientos, que ponen en jaque la nueva siembra de la gramínea.
«Hoy, todos los estudios serios dan cuenta que, con rindes promedios, la próxima campaña de trigo dejaría a los productores con campo propio -y en el mejor de los casos- con saldos que sólo alcanzarían para cubrir los costos y, para aquellos que siembran en campo arrendado, los números serían definitivamente negativos», advirtió CRA.
Los ruralistas remarcaron que las retenciones «no sólo impactan negativamente en el sector agropecuario, sino que también obstaculizan el desarrollo económico y social de nuestras comunidades rurales» ya que al desincentivar la producción y la inversión, «estas políticas están frenando el crecimiento económico y perpetuando la desigualdad en nuestro país».
Por eso, pidieron al gobierno nacional que revea «urgentemente» estas políticas e implemente medidas que promuevan un ambiente propicio para el desarrollo de la producción triguera donde «la eliminación de los derechos de exportación, debiera ser la primera de ellas».
La Bolsa de Cereales de Buenos Aires estimó que se sembrarán la misma cantidad de área que el año pasado: 5, 9 millones de toneladas. Dicha superficie representa una disminución del 6,9% en comparación con el promedio de las últimas cinco campañas.
Fuente: www.clarin.com/rural
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